Chile deberá gastar casi US$ 700 millones en déficit de infraestructura penitenciaria a 2025

Un total de US$ 698 millones deberá gastar el Estado durante los próximos nueve años en instalaciones penitenciarias de gran tamaño que hoy sufren de problemas de sobreuso, incremento de población y mantención o reparación por obsolescencia.

En tanto, a mediano plazo, a 2020, la inversión ascendería a los US$ 349 millones.

Estas son las cifras del estudio elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) "Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD)", que da cuenta de la compleja situación que enfrenta el sistema penitenciario chileno para dar factibilidad a estándares mínimos de habitabilidad en sus recintos.

"Hay que hacer más cárceles cerradas, más penales", aseguró Roberto Tapia, experto en el área de cárceles de ICD.

A juicio del consultor, el actual escenario de déficit se debe a que, en general, los presupuestos han ido disminuyendo y las ejecuciones de estos "nunca han sido muy buenas" a causa de la lentitud de los procesos técnicos de inversión y el lento control de los avances físicos de los proyectos.

"El año 2013 el presupuesto de inversión inicial que tenía la subsecretaría de Justicia era de US$ 96 millones. En el curso del año, por ajustes presupuestarios, se llegó a un presupuesto vigente de US$ 38 millones, y la ejecución de ese año fue de US$ 9 millones. O sea, en relación al presupuesto inicial se bajó un 9,2%", graficó Tapia.

Causa efecto directa de esta baja en la inversión, según el experto, ha sido el estancamiento de construcciones de penales cerrados, las cuales prácticamente no han variado desde 2011.

Sobre este ítem, el Estado deberá desembolsar unos US$ 84 y US$ 168 millones a 2020 y 2025, respectivamente.

Recomendaciones

"El Estado chileno puede abordar estas cosas (...) no son valores grandes distribuidos en el tiempo", rescató Tapia.

Por ello y para avanzar en estos déficits, la CChC hizo una serie de recomendaciones en su estudio, las que apuntan a problemáticas centrales como una mayor descentralización de los procesos e inversiones, y a una mejor aplicación del sistema de concesiones, por su mayor capacidad de formular y diseñar establecimientos con adecuados estándares de habitabilidad.